lunes, 21 octubre, 2019

Instalar el cartel de videovigilancia no es suficiente

En el tema de la video vigilancia, existe una creencia generalizada que la instalación del cartel amarillo con una cámara, cerca del lugar donde se instala esta puede ser suficiente para para estar protegidos en materia de protección de datos.

Nada más lejos de la realidad. Los requisitos se han endurecido considerablemente a partir de la reciente sentencia 29/2013 del Tribunal Constitucional.

El caso es el siguiente. Un trabajador de la Universidad de Sevilla es despedido, con base en el incumplimiento de su jornada laboral y con la prueba concluyente de unas filmaciones. El empleado recurre su despido, llegando finalmente el asunto al Tribunal Constitucional, al considerar vulnerado su derecho fundamental a la protección de datos. La Universidad comprueba el incumplimiento del trabajador mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en el recinto de la universidad para controlar los accesos de los ciudadanos. El trabajador alega que la finalidad de las cámaras era distinta a la de supervisión laboral, y que  nadie le había informado de que iba a ser grabado por esas cámaras.

La Universidad de Sevilla, demostró  que el empleado conocía la existencia de esas cámaras, al estar éstas señalizadas con los carteles anunciadores. También manifestó su derecho de control del trabajador, con base en que  la existencia de una relación laboral justifica el tratamiento de datos de carácter personal sin necesidad de consentimiento por parte del trabajador.

El Tribunal Constitucional  señala en su sentencia los requisitos que debe de cumplir la videovigilancia, para que sea válida frente a los trabajadores. No puede  infringir su derecho fundamental  a la protección de los datos, recogido en el artículo  18.4 de la Constitución Española, que requiere que el afectado sea informado de tratamiento, así como, del fin  de dicho tratamiento. Expresamente viene a postular que las facultades empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales.

Con esta base señala que la información debe de ser previa y expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a la que esa captación podía ser dirigida.

Por tanto, y como se ha venido creyendo, no es suficiente con la instalación del cartel informativo,  ni la notificación de  la creación del fichero a la Agencia Española de Protección de Datos. Se habrá de ser especialmente riguroso en el cumplimiento de la normativa, para no ver anulado un despido en el que intervenga la videovigilancia.

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