martes, 16 julio, 2019

El gobierno suprime con eficacia inmediata las tasas judiciales para personas físicas pero no a empresas

El gobierno ha dado su brazo a torcer ante el clamor social: ha anunciado la eliminación con carácter inmediato de las tasas judiciales para personas físicas. Sin embargo, mantendrá este tributo a las pymes. El Real Decreto-ley que regula esta modificación entró en vigor el domingo 1 de marzo. Aún hay preguntas en el aire, como que en esta ley nada se dice sobre los importes ya abonados por los ciudadanos durante la vigencia de las tasas judiciales.

El consejo de ministros ha modificado la ley de tasas judiciales por la que las personas físicas quedarán exentas del pago de las mismas en todos los órdenes e instancias jurisdiccionales. Este cambio se debe al clamor social que pedía la derogación de este tributo considerado injusto tanto por los ciudadanos, como por los profesionales del mundo jurídico. Uno de los principales protagonistas  de esta modificación ha sido la #brigada tuitera, un grupo de abogados y jueces muy críticos con las tasas judiciales y muy activos en redes sociales.

Sin embargo, este grupo recuerda que las tasas judiciales se mantienen para todas las personas jurídicas, PYMES y microempresas. Aseguran que “queda un largo camino para que rectifiquen la vergüenza que ellos mismos cometieron”. En un comunicado recuerdan que las PYMES aportan más del 65% del PIB de España y más del 75% del empleo privado. “Mantener las tasas judiciales que impiden que las empresas puedan reclamar sus derechos de crédito, significaría el cierre de las mismas y la destrucción de empleo”, añaden.

Esta medida se incluye en el Decreto Ley de medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social. En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, el ministro de Justicia, Rafael Catalá ha aclarado que han podido tomar esta medida gracias al “esfuerzo de la sociedad” y a que ha aumentado la “capacidad recaudatoria del gobierno” sobre los impuestos.

Rafael Catalá, Ministro de Justicia

Rafael Catalá, Ministro de Justicia

Catalá ha defendido el mantenimiento de las tasas judiciales a empresas señalando que “quien hace uso de la justicia gratuita tiene que pagar un tributo para la contribución de dicha justicia gratuita”.

A la pregunta por parte de un periodista de dónde están invertidos los 500 millones de euros recaudados por las tasas judiciales, el ministro de justicia ha vuelto a contestar que desconoce el destino. De manera indirecta, reconoce que no lo sabe.

Carmen Giménez, abogado titular de G&G Abogados, recordaba hace unos días que con estas tasas quien tuviera un mínimo patrimonio pero careciera de dinero para litigar no podría luchar por lo que es suyo. Así, podía verse en la situación de no recuperar su vivienda ocupada de manera ilegal o no recuperar el dinero ingresado en preferentes.

Giménez, miembro de la #brigada tuitera, recalca que estas modificaciones son importantes pero “de todo punto insuficientes”. “Cinco meses ha tardado el actual ministro de justicia, Sr. Catalá, en meditar, pensar y estudiar, para, selectivamente, decidir, qué perfiles de la sociedad podían quedar exentos, en un mero golpe oportunista, para un año cargado de eventos electorales”, añade.

Tal y como recuerda la abogada, en la exposición de motivos del real decreto ley se establece que esta exención a personas físicas se debe “a la adecuación del régimen de tasas judiciales a la concreta situación de los sujetos obligados al pago de la misma”.

Las PYMES seguirán pagando las tasas

Las pequeñas y medianas empresas seguirán abonando las tasas judiciales para acceder a la justicia. “Es decir, el actual motor económico de españa, las que aportan más del 65% del PIB y generan el 75% de empleo, tienen que pagar tasas judiciales pero no cualesquiera: sus importes son exactamente los mismos que los que tienen que pagar las entidades financieras, o las compañías aseguradoras, o las empresas eléctricas”, recuerda Carmen Giménez.

Y como muestra, un botón. Para reclamar una deuda de 30.000 euros, por ejemplo, la agencia inmobiliaria xxx , s.l., o zapatería yyy, s.l., pagarían idéntica tasa judicial que el Banco Santander, o que MAPFRE, o que Iberdrola, reclamando una deuda del mismo importe.

En opinión de la abogada, “el mantenimiento de las tasas judiciales está impidiendo el buen desarrollo del tejido empresarial y abocando a la destrucción de empleo”.

Por último, Giménez destaca que en el Real Decreto Ley, que entró en vigor el domingo 1 de marzo, nada se ha previsto en referencia a “posibles indemnizaciones para quien acredite que perdió derechos por no poder abonar las tasas judiciales, o si se van a proceder a devolver los importes abonados por las personas físicas durante estos 27 meses del ahora reconocido error, o que pasa con aquellos justiciables que, por ejemplo, se encuentran en un período de subsanación para el pago de las tasas judiciales y la admisión de su recurso de apelación”.

Carmen Giménez hace un alegato a favor de la eliminación definitiva de las tasas al señalar que “hemos visto asomar la punta del iceberg, pero que queda todavía mucho esfuerzo que realizar, y que la brigada tuitera, ejemplo de tenacidad y constancia, no va a cejar en su trabajo hasta obtener una justicia sin tasas, con medios, independiente y cercana”.

Leer más: Idealista.com

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