martes, 16 julio, 2019

Cerco al Blanqueo de Capitales

Cada vez está más cerca el día en  que todo el dinero sea de plástico, o esté dentro del móvil. Tarjetas de crédito o utilización del teléfono móvil parece que cada vez más serán los medios de pago utilizados. Billetes y monedas, serán de uso  meramente residual.

El superarchivo

Acaba de publicarse el Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, y simultáneamente se ha implantado un gigantesco fichero con más de 34 millones de cuentas, activos y depósitos bancarios. En él se recogerá, por primera vez, la actividad financiera de todos los españoles y residentes. Será de acceso, con mandato judicial, a fiscales y, policías entre otros.

Atención a lo que será objeto de vigilancia:

  • Personas que intervengan en operaciones superiores a 1.000 euros cuando se dude de su titularidad.
  • Todas las operaciones superiores a 30.000 euros.
  • Transferencias que superen los 3.000 euros mensuales.
  • Cuenta que reciba ingresos, sin causa justificada, por un elevado número de personas se define como “sospechosa”

La Agencia Española de Protección de Datos no ha puesto objeción a este instrumento de control, que lo ha encontrado ajustado a derecho. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias podrá consultar el fichero en el ejercicio de sus funciones. Los datos incluidos se eliminarán diez años después de la cancelación de la cuenta corriente o depósito, o después de que se comunique su baja como titulares, apoderados o representantes.

Novedades del Reglamento de Blanqueo de Capitales.

El Ministerio de Economía tiene un plazo máximo de dos años para ponerlo en marcha desde que entró en vigor el reglamento de la ley de 10/2010 de 28 de abril sobre blanqueo de capitales que, también, contempla la creación de un Comité de Inteligencia Financiera que dependerá de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Este Comité será el responsable del análisis del riesgo nacional y lo integrarán representantes de distintos órganos de Justicia y las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los sujetos obligados por esta ley bancos, notarios, registradores, abogados y compañías de seguros, entre otros estarán obligados a identificar y comprobar la identidad de todas las personas físicas que intervengan en negocios y operaciones ocasionales cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros cuando concurran dudas sobre su titularidad. Y crearán registros para conservar la documentación y operaciones de sus clientes durante un periodo de diez años.

En el caso de los trastes (fideicomisos anglosajones, fundaciones y otros instrumentos jurídicos análogos), se requerirá el documento constitutivo, además de identificar a la persona que actúe en nombre de los beneficiarios. También deberán comprobar que las operaciones tienen que ver con sus negocios.

El reglamento establece unas medidas reforzadas de diligencia debida para operaciones y productos que presenten un riesgo más elevado de posible blanqueo de dinero, entre los que destacan los servicios de banca privada, los envíos de dinero o transferencias de dinero que superen los 3.000 y 6.000 euros mensuales, respectivamente, o transacciones hacia o desde paraísos fiscales. Los clientes no residentes en España, sociedades con estructuras demasiado complejas o poco transparentes o las sociedades de mera tenencia de activos se consideran de un riesgo superior.

Especial vigilancia a los políticos.

Los políticos y altos cargos de la Administración Pública —incluyendo a magistrados y fiscales, consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de España— serán objeto de un control más estricto en sus cuentas, depósitos y actividades financieras. También se incluyen a los que desempeñen funciones públicas o lo hayan hecho en las autonomías: presidentes, consejeros, diputados, alcaldes, concejales y altos cargos de municipios, capitales de provincia o de capital de comunidad autónoma de las entidades locales de más de 50.000 habitantes. También, los cargos de alta dirección en organizaciones sindicales y empresariales o partidos políticos. La medida afecta a sus cónyuges, padres e hijos, “y personas ligadas a los hijos de forma estable por análoga relación de afectividad”.

Mientras que haya ley habrá forma de eludirla, pero no cabe duda que el cerco se está estrechando cada vez más.

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